En abril de 2019, las llamas arrasaron el techo de la catedral de Notre-Dame, lo que causó conmoción en Francia y mucho más allá. El incendio fue repentino, dramático e inconfundible. Hoy en día, el peligro al que se enfrenta Francia es más silencioso, pero potencialmente más desestabilizador: una tensión fiscal lenta que choca con la fragmentación política.
Las finanzas públicas de Francia se han deteriorado de forma constante durante las últimas dos décadas. El gasto público ronda el 57 % del PIB, uno de los niveles más altos del mundo desarrollado. La deuda ha superado con creces el 100 % del PIB y sigue aumentando. Solo los pagos de intereses consumen ahora decenas de miles de millones de euros al año, y se prevé que esos costes aumenten a medida que la deuda antigua con tipos bajos se refinancie a rendimientos más altos.
La presión estructural es evidente. Francia tiene el mayor déficit presupuestario de la zona del euro. Su trayectoria de deuda se ha desviado de la de Alemania desde la crisis financiera mundial y se ha ampliado de nuevo tras la COVID-19. Aunque muchos países aumentaron su endeudamiento durante la pandemia, la situación fiscal de Francia destaca porque su base de gasto ya era elevada.
En el centro del problema se encuentra el modelo social francés, en particular las pensiones. El sistema es en gran medida estatal y de reparto, lo que significa que los trabajadores actuales financian a los jubilados actuales. A medida que cambia la demografía y se reduce la proporción de trabajadores con respecto a los jubilados, las cuentas se vuelven cada vez más difíciles.
El presidente Emmanuel Macron intentó abordar parte de este desequilibrio en 2023 aumentando la edad de jubilación de 62 a 64 años.
La medida desencadenó protestas masivas y una oposición generalizada. Para muchos ciudadanos franceses, los derechos de pensión no son meros acuerdos económicos, sino elementos fundamentales de la solidaridad social. Por lo tanto, la reforma es políticamente explosiva.
Las presiones demográficas no son exclusivas de Francia, pero las generosas prestaciones y el elevado gasto público del país amplifican la tensión. Una parte significativa del gasto público se destina a los ciudadanos de edad avanzada. A medida que la población envejece, esas obligaciones aumentarán a menos que se ajusten las prestaciones o se incrementen sustancialmente los ingresos.
A los retos fiscales se suma la inestabilidad política. Desde 2024, Francia ha tenido varios primeros ministros y la formación de coaliciones se ha vuelto cada vez más difícil en un parlamento fragmentado. Los gobiernos efímeros tienen dificultades para aprobar reformas controvertidas. Con la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027 —y la imposibilidad constitucional del presidente Macron de presentarse a otro mandato—, los actores políticos se están posicionando para la próxima contienda en lugar de forjar compromisos a largo plazo.
El auge de la extrema derecha, liderada por Marine Le Pen y el Agrupamiento Nacional, añade otra capa de incertidumbre. Tanto los bloques de extrema derecha como los de extrema izquierda tienden a favorecer un mayor gasto público, lo que suscita la preocupación de los inversores sobre la dirección fiscal de Francia.
Los mercados financieros son sensibles a estas señales. El diferencial de rendimiento entre los bonos del Estado francés y el alemán se ha ampliado en comparación con las normas históricas. Alemania suele considerarse el referente de la zona del euro en materia de estabilidad fiscal. Cuando los inversores exigen una prima por mantener la deuda francesa, los costes de financiación aumentan no solo para el Estado, sino también para los hogares y las empresas. Los tipos hipotecarios, los préstamos corporativos y la financiación de inversiones reflejan el riesgo soberano.
La situación de Francia trasciende sus fronteras. Junto con Alemania, forma el núcleo de la economía de la zona euro. Es el mayor productor agrícola de la Unión Europea, cuenta con una de las fuerzas armadas más capaces de Europa y es una potencia nuclear. Una inestabilidad fiscal o política prolongada en Francia tendría repercusiones en todo el continente.
Sin embargo, las perspectivas no son uniformemente sombrías. Francia conserva una economía grande y diversificada, una infraestructura de primer orden y una importante capacidad industrial y tecnológica. Las anteriores reformas del mercado laboral de Macron tenían por objeto flexibilizar la contratación y mejorar la competitividad. Y la rápida restauración de Notre-Dame demostró que, cuando se enfrentan a un objetivo y un plazo claros, las instituciones francesas pueden movilizarse con eficacia.
El principal reto no es solo la existencia de la deuda, sino la combinación de obligaciones crecientes, dificultades demográficas y estancamiento político. Para corregir el desequilibrio sería necesario una combinación de subida de impuestos, ralentización del crecimiento del gasto, reformas estructurales o una expansión económica más rápida. Cada opción conlleva costes políticos.
Es poco probable que Francia se enfrente a una crisis abrupta a corto plazo. Su economía sigue siendo grande y los inversores globales siguen considerando que su deuda es fundamentalmente segura. El mayor riesgo es una restricción gradual, es decir, una reducción del margen fiscal que limite las opciones políticas y reduzca la flexibilidad en futuras recesiones.
El incendio de Notre-Dame fue visible y urgente. Las presiones que se están acumulando ahora en las finanzas públicas francesas son incrementales y técnicas, y se manifiestan en informes presupuestarios y diferenciales de bonos, en lugar de humo y llamas. Que Francia pueda atravesar este periodo sin una crisis más disruptiva puede depender menos de su capacidad económica que de su cohesión política, y de la voluntad de sus líderes y votantes de conciliar la ambición social con la aritmética fiscal.